La liquidación de la sociedad conyugal consiste sencillamente en determinar qué bienes y qué deudas existen en el momento del divorcio (es decir, hacer lo que se llama, un inventario), y ver cómo se reparte entre los cónyuges.  Es muy conveniente que este inventario y este reparto quede pefectamente reflejado en el acuerdo de divorcio (convenio regulador o pacto de relaciones familiares), sobre todo en caso de que los cónyuges se repartan bienes inmuebles pues una vez firmado y homologado por el Juzgado, habrá que presentar ese convenio tanto en el servicio de tributación de la comunidad autónoma para declarar la transmisión del bien exenta de tributación, como en el Registro de la Propiedad correspondiente, pues esos bienes durante el matrimonio constaban como de propiedad de la sociedad conyugal y ahora, como consecuencia de ese reparto, quedarán a nombre exclusivo de uno u otro cónyuge.

Si lo que estamos es ante un proceso de inventario y reparto contencioso, el trámite es mucho más largo y costoso, pues primero habrá que instar una demanda de inventario que terminará en un juicio en el que el juez decretará mediante Sentencia qué bienes y deudas integran el patrimonio familiar y posteriormente, en base a esa Sentencia, habrá que presentar otra demanda de l¡quidación propiamente dicha en la que se proponga la forma de repartirse los bienes, para lo cual habrá que designar un perito tasador y lo que se llama un "contador-partidor" que normalmente es un abogado que se designa por sorteo de entre los que se encuentran colegiados en el lugar del que se trate, el cual elaborará lo que se llama "cuaderno particional", conteniendo las valoraciones de los bienes y la forma en que se han de repartir.  Si los cónyuges están de acuerdo en la proposición del contador-partidor, el Juzgado aprobará el cuaderno particional y se llevará a efecto; caso contrario, se celebrará un juicio que terminará con Sentencia en la que el juez ordenará la forma de repartir los bienes.  Ni que decir tiene que tanto el inventario como la liquidación, de no hacerse por vía de mutuo acuerdo, obliga a instar dos procedimientos distintos y en uno de ellos, además, la intervención de otros profesionales (contador-partidor y perito), lo cual encarece de forma considerable la liquidación de la sociedad conyugal.

 

 

INCAPACITACIONES

 

Si bien todas las áreas relativas al Derecho de Familia deben tratarse con suma delicadeza y teniendo presente los intereses de los más vulnerables (los hijos menores de edad, por lo general), en la incapacitación de personas esto cobra especial relevancia, pues nos encontramos en la tesitura de tener que decidir por un ser querido las cosas más simples, elementales y cotidianas de su vida.

 

La incapacitación de una persona solo la puede declarar el juez tras un procedimiento no muy complejo, pero sí con mucha carga, digamos, personal, pues de lo que se trata es de ver si la persona en cuestión es capaz o no de regir su persona y sus bienes, su patrimonio, para lo cual deberá someterse al examen previo del médico forense. 

 

El grado de incapacidad puede ser total o parcial, en el primer caso estaríamos hablando de una tutela (el incapaz lo es para todos sus actos) y en el segundo de una curatela (solo para algunos).  En cualquiera de los casos, el tutor estará obligado a ejercer los actos y tomar las decisiones por el incapaz y en beneficio de éste que el juez exprese en la Sentencia, todo ello bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal quien podrá exigir en cualquier momento al tutor, que le rinda cuentas de la situación personal del incapaz y de la administración de la tutela.

 

                Puede ser tutor o curador, el cónyuge, los padres, los ascendientes o descendientes que el juez designe o en defecto de estas personas, el juez designará tutor a quien considere más idóneo por sus relaciones con el incapaz.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Javier Valero Bermejo