Uno de los temas que con mayor frecuencia se presentan en los despachos de los abogados matrimonialistas es el de la modificación de las medidas acordadas en las sentencias de separación o divorcio.

 

                Es natural que lo que los cónyuges pactaron en su día respecto a los hijos o el juez determinó con respecto a estos en la sentencia, quede con el paso del tiempo, desfasado o al menos, no acorde con la realidad de los ex-cónyuges y/o de los propios hijos.  Ejemplos hay muchos, pero los casos más comunes suelen estar relacionados con la pensión de alimentos, el uso de la vivienda familiar y la guarda y custodia de los hijos. 

 

De cualquier forma, la modificación de medidas obliga a iniciar un procedimiento judicial (bien de mutuo acuerdo, bien contencioso) que tramitará el mismo Juzgado que dictó la sentencia de separación o divorcio, en el que se determinará si las circunstancias existentes en el momento del divorcio, efectivamente, han cambiado o incluso, han llegado a desaparecido, haciendo inviable en ambos casos, mantener las medidas acordadas en su día.

 

                Bien es cierto que no cualquier cambio en las circunstancias tenidas en cuenta en su momento va a justificar una modificación de las medidas contempladas en la sentencia o en el convenio regulador sino que esos cambios de circunstancias deben cumplir una serie de requisitos que deben ser rigurosamente demostrados por quien pretenda esa modificación:

 

                1º.-  Debe tratarse de un cambio basado en hechos posteriores al momento de acordarse las medidas en la sentencia.  Esto que parece una obviedad, no lo es tanto si tenemos en cuenta que lo que no vale es entablar un procedimiento de este tipo para “arreglar” lo que no se hizo en el momento de la separación o del divorcio.  No se trata de revisar las medidas  que se adoptaron en su día porque en aquel momento no se tuvieron en cuenta según qué cosas.

                2º.- Debe tratarse de un cambio de circunstancias de carácter sustancial, relevante, de entidad.  Es quizá este uno de los requisitos que necesitan de una prueba más completa porque lo que en una realidad familiar es relevante, en otra puede no serlo.

                3º.-  Que el cambio de circunstancias sea permanente o que no se trate de una situación meramente transitoria.  A modo de ejemplo y como se ha dicho en alguna sentencia, las situaciones ocasionales o transitorias que pueden colocar a una persona en una situación de mayor o menor desahogo económico no pueden servir para revisar lo que fue judicialmente aprobado, ya que lo que se acuerda en una sentencia de divorcio (o de separación) tiene lo que se llama “vocación de permanencia”, por lo que las nuevas circunstancias deben ser prolongadas en el tiempo.

                4º.-  Que se traten de circunstancias sobrevenidas, no provocadas por quien pretende la modificación.  Se han dado casos de personas que por no pagar la pensión de alimentos de sus hijos, han sido capaces de despedirse voluntariamente de la empresa y apuntarse al paro, lo que les ha llevado no solo a que se les desestime su pretensión de modificación sino también a la imposición de las costas por su mala fe.

                5º.-  Como hemos dicho anteriormente, deben demostrarse de forma rigurosa, ya que aquí nada se presume ni se presupone, es decir, que cualquier hecho, acontecimiento o circunstancia que aleguemos como fundamento para la modificación, además de reunir todos los requisitos anteriores, debe ser demostrada con un especial despliegue probatorio.

INCAPACITACIONES

 

Si bien todas las áreas relativas al Derecho de Familia deben tratarse con suma delicadeza y teniendo presente los intereses de los más vulnerables (los hijos menores de edad, por lo general), en la incapacitación de personas esto cobra especial relevancia, pues nos encontramos en la tesitura de tener que decidir por un ser querido las cosas más simples, elementales y cotidianas de su vida.

 

La incapacitación de una persona solo la puede declarar el juez tras un procedimiento no muy complejo, pero sí con mucha carga, digamos, personal, pues de lo que se trata es de ver si la persona en cuestión es capaz o no de regir su persona y sus bienes, su patrimonio, para lo cual deberá someterse al examen previo del médico forense. 

 

El grado de incapacidad puede ser total o parcial, en el primer caso estaríamos hablando de una tutela (el incapaz lo es para todos sus actos) y en el segundo de una curatela (solo para algunos).  En cualquiera de los casos, el tutor estará obligado a ejercer los actos y tomar las decisiones por el incapaz y en beneficio de éste que el juez exprese en la Sentencia, todo ello bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal quien podrá exigir en cualquier momento al tutor, que le rinda cuentas de la situación personal del incapaz y de la administración de la tutela.

 

                Puede ser tutor o curador, el cónyuge, los padres, los ascendientes o descendientes que el juez designe o en defecto de estas personas, el juez designará tutor a quien considere más idóneo por sus relaciones con el incapaz.

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© Javier Valero Bermejo