LOS FONDOS DE PENSIONES EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

 

            Los fondos de pensiones representan uno de los aspectos más problemáticos a la hora de liquidar la sociedad de gananciales.  Definidos como el derecho de las personas a cuyo favor se constituyen a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez, así como las obligaciones de contribución a los mismos (art. 1.1. Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre), estamos, pues, ante situaciones atinentes a derechos personalísimos de los cónyuges e intransferibles “inter vivos”, tales como su capacidad de trabajo o su incapacidad laboral permanente y total.

 

            Siguiendo la jurisprudencia del T.S. para estos casos (por todas, la STS de 27 de febrero de 2.007), la naturaleza jurídica de los planes de pensiones obliga a diferenciar dos situaciones:  los planes de pensiones de sistema individual, en los que el promotor es el cónyuge en cuestión y los planes de pensiones de sistema de empleo, en los que el promotor es la empresa donde presta servicio ese cónyuge.  En los primeros, las aportaciones las realiza el propio interesado al fondo de pensiones, en los segundos, es la empresa para la que éste presta sus servicios la que destina parte del salario que paga al trabajador (el cónyuge) al fondo de pensiones.  Ambos tienen naturaleza privativa ya que, como hemos dicho anteriormente, hacen referencia a derechos personalísimos del cónyuge en cuestión (art. 1.346.5 CC): su propia jubilación.  En cuanto a las aportaciones en sí, hay que distinguir igualmente entre las realizadas a los planes de pensiones de sistema individual de las realizadas a los planes de pensiones de sistema de empleo.  Las primeras, y salvo que se acredite fehacientemente que la procedencia del dinero invertido en el plan es privativa, tienen la consideración de bien ganancial y por tanto, surgirá un derecho de crédito a favor de la sociedad conyugal por las cantidades (actualizadas) aportadas al plan de pensiones del cónyuge en cuestión.  Respecto a las segundas, no existirá ningún derecho de crédito a favor de la sociedad conyugal por cuanto que se trata de aportaciones que no hace el interesado sino la empresa para la que trabaja, por lo que no tienen la condición de salario propiamente dicho ya que no producen incremento alguno en el patrimonio del cónyuge, sino que pasan directamente a formar parte de un Fondo de pensiones gestionado por un tercero, de manera que el partícipe no ha tenido ningún control sobre las cantidades integradas en el correspondiente Fondo.

 

            A continuación y a modo de resumen, expongo algunas situaciones resueltas por el TS en relación a distintas retribuciones relacionadas con el trabajo de uno de los cónyuges:

            1.- Pensiones de jubilación

-Aquellas que se han generado después de la disolución de la sociedad de gananciales son bienes de naturaleza privativa (STS de 29 junio 2000).  

-El hecho de que la misma surja de la cotización a la Seguridad Social durante la época matrimonial no otorga carácter ganancial a la pensión, ya que corresponde exclusivamente a quien la generó con su actividad laboral, y su nacimiento y extinción dependen de vicisitudes estrictamente personales del cónyuge (STS de 20 diciembre 2003)

- no es ganancial la pensión del marido ya que se trata de un derecho personal del trabajador al que no le es aplicable el artículo 1358 CC (STS de 20 de diciembre de 2.004)

 

            2.- Pensiones por jubilación anticipada, o indemnizaciones por extinción de la relación laboral en un plan de bajas incentivadas (prejubilaciones): dicha prestación no retribuye un trabajo precedente ni constituye un complemento de los sueldos percibidos, sino que proviene de la pérdida de dicho trabajo por jubilación anticipada, de manera que la nueva situación laboral obtenida después de la separación legal, sólo afectan al cónyuge en cuestión, con la consiguiente repercusión no matrimonial, de la indemnización por prejubilación, que posee una clara proyección de futuro, lo que es totalmente ajeno a los principios de la sociedad de gananciales (STS de 22 de diciembre de 1.999)

 

            3.- Indemnizaciones obtenidas por una póliza de seguros:  quedan excluidas del artículo 1346.6 CC, es decir, son gananciales por ser una consecuencia económica que se hace común en el momento en que se percibe por el beneficiario trabajador y por consiguiente ingresa en el patrimonio conyugal, que al disolverse la sociedad de gananciales ha de liquidarse y repartirse entre ambos cónyuges o sus herederos (STS de 25 de marzo de 1.988).

4.- Planes de pensiones de sistema de empleo no hechos aun efectivos en el momento de la disolución de la sociedad de gananciales y en los que la sociedad no había efectuado ninguna inversión:  deben considerarse privativos del cónyuge en cuestión (STS de 27 de febrero de 2.007).

5.- Indemnización por despido improcedente adquirida tras la disolución de la sociedad conyugal:  es un bien propio de la persona que lo adquiere y no pertenece retroactivamente a la sociedad de gananciales (STS de 29 de junio de 2.005).

 

A la luz, pues, de la jurisprudencia del TS, dos son los elementos cuya concurrencia permite declarar que una determinada prestación relacionada con los ingresos salariales, directos o indirectos, deba tener la naturaleza de bien ganancial o, por el contrario, queda excluida de la sociedad y formará parte de los bienes privativos de quien la percibió:  

a) la fecha de percepción de estos emolumentos, de manera que si se adquirieron durante la sociedad de gananciales, tendrán esta consideración, mientras que si se adquieren con posterioridad a la fecha de la disolución, deben tener la consideración de bienes privativos de quien los percibe;  

b) debe distinguirse entre, por un lado, el derecho a cobrar estas prestaciones que debe ser considerado como un componente de los derechos de la personalidad y que, por esto mismo, no son bienes gananciales porque son intransmisibles, y por otro lado, los rendimientos de estos bienes devengados durante la vigencia de la sociedad de gananciales que tendrán este carácte

INCAPACITACIONES

 

Si bien todas las áreas relativas al Derecho de Familia deben tratarse con suma delicadeza y teniendo presente los intereses de los más vulnerables (los hijos menores de edad, por lo general), en la incapacitación de personas esto cobra especial relevancia, pues nos encontramos en la tesitura de tener que decidir por un ser querido las cosas más simples, elementales y cotidianas de su vida.

 

La incapacitación de una persona solo la puede declarar el juez tras un procedimiento no muy complejo, pero sí con mucha carga, digamos, personal, pues de lo que se trata es de ver si la persona en cuestión es capaz o no de regir su persona y sus bienes, su patrimonio, para lo cual deberá someterse al examen previo del médico forense. 

 

El grado de incapacidad puede ser total o parcial, en el primer caso estaríamos hablando de una tutela (el incapaz lo es para todos sus actos) y en el segundo de una curatela (solo para algunos).  En cualquiera de los casos, el tutor estará obligado a ejercer los actos y tomar las decisiones por el incapaz y en beneficio de éste que el juez exprese en la Sentencia, todo ello bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal quien podrá exigir en cualquier momento al tutor, que le rinda cuentas de la situación personal del incapaz y de la administración de la tutela.

 

                Puede ser tutor o curador, el cónyuge, los padres, los ascendientes o descendientes que el juez designe o en defecto de estas personas, el juez designará tutor a quien considere más idóneo por sus relaciones con el incapaz.

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© Javier Valero Bermejo