La patria potestad es el derecho/deber de los padres a ejercer como tales respecto de sus hijos.  Es un derecho que nace del mismo hecho de ser padre.  Es, lo que se llama, una cuestión de orden público por lo que no puede ser renunciada en ningún caso ni de forma unilateral ni mucho menos por mutuo acuerdo en un convenio regulador.  Únicamente puede ser privada (retirada) la patria potestad, mediante una sentencia dictada en un proceso matrimonial.

 

La privación de la patria potestad exige tres requisitos:

 

-La existencia y subsistencia plenamente probada de una causa grave y de entidad suficiente para acordarla.

-Una razonable necesidad, oportunidad y conveniencia de su adopción para la adecuada salvaguarda de la persona e intereses del menor, por lo que la retirada de la patria potestad se reputa excepcional y en ningún caso constituye una especie de “sanción” para quien observe una conducta indigna en su ejercicio, pues sobre tal consideración prima el interés del menor.

-Que la sentencia que prive de la patria potestad a un progenitor, motive pormenorizadamente los argumentos que sirven de base para esa privación.

 

Algunos motivos que pueden dar lugar a retirar la patria potestad son:

- Los relacionados con el incumplimiento voluntario de los deberes inherentes a la patria potestad: obstaculizaciones reiteradas por el progenitor custodio del derecho de visita que le corresponde al otro progenitor;  el abuso de derecho por parte del progenitor no custodio en el ejercicio del derecho de custodia provocando incumplimientos y retrasos reiterados; el secuestro del menor; la conducta desordenada o irregular de uno o de ambos progenitores; el abandono de los hijos en el sentido de distanciamiento afectivo, la incomunicación prolongada, el desinterés en relación al sostenimiento, el cuidado y educación de los hijos;

 

- Los relacionados con la situación personal de los progenitores: la enfermedad que imposibilite o dificulte gravemente el ejercicio de la patria potestad, la drogadicción,  el alcoholismo, las enfermedades psíquicas y físicas o las desviaciones sexuales.

 

- los abusos sexuales, atentar contra la vida del hijo o llevar al menor al extranjero sin el conocimiento ni el consentimiento del otro progenitor si ello supone alterar radicalmente la situación sobre la que se concedió la custodia.

 

                Se ha discutido a veces sobre si el impago de la pensión de alimentos puede dar lugar a la privación de la patria potestad y ha habido respuestas y sentencias de todo tipo.  En ocasiones se dice que el no pagar la pensión y privar de la patria potestad al progenitor que impaga la pensión de alimentos, no reporta ningún beneficio al menor; en otras se entiende que el impago de la pensión (obviamente, de forma reiterada) es causa lo suficientemente grave como para privar de la patria potestad pues se estaría incumpliendo el art. 39 de la Constitución que dice que “los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda”.  Mi opinión personal en este tema es que si la supresión (temporal o definitiva) de la patria potestad se debe acordar siempre en beneficio del menor, a priori no me parece que el impago de la pensión de alimentos deba conllevar la supresión de la patria potestad, ya que al perjuicio del menor que representa el impago de la pensión, le añadimos otro, cual es el hecho de eliminar la posibilidad de que uno de sus progenitores (el que impaga la pensión) pueda decidir en aspectos relevantes que afectan a su desarrollo personal, amén de que se “libera” al progenitor incumplidor de la obligación de velar por el bienestar del hijo.  Por último, no hay que olvidar que a partir de ese momento, cesaría para el progenitor al que se le ha retirado la patria potestad, la responsabilidad compartida con el otro progenitor, respecto de los actos del menor.

INCAPACITACIONES

 

Si bien todas las áreas relativas al Derecho de Familia deben tratarse con suma delicadeza y teniendo presente los intereses de los más vulnerables (los hijos menores de edad, por lo general), en la incapacitación de personas esto cobra especial relevancia, pues nos encontramos en la tesitura de tener que decidir por un ser querido las cosas más simples, elementales y cotidianas de su vida.

 

La incapacitación de una persona solo la puede declarar el juez tras un procedimiento no muy complejo, pero sí con mucha carga, digamos, personal, pues de lo que se trata es de ver si la persona en cuestión es capaz o no de regir su persona y sus bienes, su patrimonio, para lo cual deberá someterse al examen previo del médico forense. 

 

El grado de incapacidad puede ser total o parcial, en el primer caso estaríamos hablando de una tutela (el incapaz lo es para todos sus actos) y en el segundo de una curatela (solo para algunos).  En cualquiera de los casos, el tutor estará obligado a ejercer los actos y tomar las decisiones por el incapaz y en beneficio de éste que el juez exprese en la Sentencia, todo ello bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal quien podrá exigir en cualquier momento al tutor, que le rinda cuentas de la situación personal del incapaz y de la administración de la tutela.

 

                Puede ser tutor o curador, el cónyuge, los padres, los ascendientes o descendientes que el juez designe o en defecto de estas personas, el juez designará tutor a quien considere más idóneo por sus relaciones con el incapaz.

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© Javier Valero Bermejo